REFUGIADOS Y MIGRANTES AMBIENTALES - EN DERECHO (UBA)

¿QUÉ ES UN MIGRANTE AMBIENTAL?

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DIVORCIOS EXPRÉS - ¿QUÉ VENDRÁ DESPUÉS?

Estimad@s colegas,

Buen día.

Hoy nos toca el tema DIVORCIOS, que ha resultado afectado (en el sentido amplio de la expresión) por el nuevo Código Civil y Comercial de la Nación, hasta olvidarse de algo tan recordado, y alegado, como "los esposos se deben mutuamente fidelidad". Ya que, desde el 1° de Agosto de este año que está por terminar, la fidelidad dejará de ser un deber conyugal y ya no existe más como causa de divorcio, tal como lo establecía el Código de Vélez Sarsfield. Ahora el compromiso entre espos@s versa sobre la asistencia recíproca y los alimentos.

A saber, nuestro ordenamiento requiere que uno o ambos cónyuges puedan solicitar el divorcio, presentando el DNI de ambos espos@s, libreta, acta o certificado de matrimonio, partida de nacimiento y DNI de los hijos matrimoniales, fecha y lugar de la celebración del matrimonio y último domicilio conyugal en el que convivieron.

En dicha presentación, se debe acompañar la propuesta para solucionar (o intentar hacerlo) sobre los efectos derivados; entiéndase así a los bienes del matrimonio, y respecto de los menores si hubiere, alimentos, tenencia y visitas. Si no hubiere acuerdo, se tratare de una presentación conjunta o no, ello no obstará que se dicte la sentencia de divorcio. El juez llamará a audiencia a las partes para arribar a un acuerdo, aún si este fuera de difícil arribo, el funcionario declarará a las partes legítimamente divorciadas.

El pedido unilateral hace que el juez ordene la notificación a la otra parte, una vez presentada la demanda.

Distinto el caso, si la propuesta es conjunta, quedará así perfeccionado el convenio regulador y sobre lo que regulará los efectos patrimoniales y personales de la cuestión.

¿Hemos quedado atónitos con el DIVORCIO EXPRÉS...?

Unos meses ya y todavía queda tanto por aclarar, conocer y hacer valer.

¿Pero es esta una innovación en sí misma? ¿Acaso es un paso más en la renovación de la figura del matrimonio en nuestro tiempo? ¿Una depreciación de la unión entre personas?

Por ejemplo, en España, ya se admiten otras posibilidades...

O sea, desde la posibilidad de casarse ante un notario o escribano por casi 100 euros (ver nota), hasta divorciarse por mutuo acuerdo ante dichos funcionario potenciados con esta capacidad (ver nota). Luego se presenta otro problema, el público demanda otras soluciones y en forma masiva, por lo que prontamente se verá el gobierno español obligado a tomar a dichos notarios e investirlos de poderes judiciales extraordinarios (ver nota).

Espero les haya interesado el tema y la comparación con otro sistema.

Un gran abrazo,

Damián R. Pizarro

TEORÍA DEL ESTADO Y DEL DERECHO - JORNADAS INTERCLAUSTROS

AFINIDADES ELECTIVAS

JORNADAS INTERCLAUSTROS DE TEORÍA DEL ESTADO Y DEL DERECHO

Miércoles 9 de diciembre de 2015 de 15 a 20 hs. en el Instituto Gioja, Facultad de Derecho (UBA).

Derecho, Filosofía y Política como esquema interdiscipinario de investigación y formación

Proponemos encarar una pregunta crítica, entendida en términos kantiano-foucaultianos, por el paradigma de enseñanza vigente: ¿Es posible construir teoría sin filosofía? Entre los expositores contaremos con estudiantes de grado, graduados y docentes, fomentando la investigación jurídica y la labor académica ya desde los primeros años de cursada de la carrera de Derecho, desde un punto de vista interdisciplinario.

Mesa 1 (15 a 16:30 hs.): La Teoría del Derecho como Filosofía

Mesa 2 (16:45 a 18:15 hs.): La Teoría del Estado como Filosofía

Mesa 3 (18:30 a 20 hs.): La Filosofía como Política

Dirección:

Dr. Gonzalo Sebastián Aguirre, Lic. Federico Winer y Dr. Martín Aldao

Coordinadores:

Abog. Sofía Aguilar , Abog. Mariana Aragno , Abog. Lic. José Dubra, Abog. Benjamín Mauro Velázquez y Lic. Virginia Zuleta

Organiza:

Proyecto UBACyT “Historia de la crisis del Humanismo: del juicio de Dios al juicio seglar, a la luz de la noción de retórica” (Instituto “Ambrosio Gioja”, Facultad de Derecho, UBA)

Entrada libre y gratuita

PRONÓSTICO LABORAL 2016 - VIDEOCONFERENCIA CON DE DIEGO

Estimad@s colegas,

Buen día.

Compartimos con Uds., información sobre la Videoconferencia prevista para el 11 de diciembre de 9 a 11 hs.

La misma plantea bajo la temátca Pronóstico Laboral 2016 "Salarios - Conflictividad - Sindicatos - Negociación Colectiva - Inflación - Productividad - Reformas", a cargo del orador Dr. Julián A. de Diego.

Julián A. de Diego: Fundador y Titular del Estudio de Diego & Asociados. Profesor Titular Ordinario de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social de las carreras de grado y posgrado de la Facultad de Derecho y de la Facultad de Ciencias Económicas de la Pontificia Universidad Católica Argentina. Director Posgrado en Conducción Estratégica de RRHH. UCA. Profesor Invitado en Universidades Nacionales e Internacionales en Carreras de Grado y Posgrado.

Temario:
1. Nuevas perspectivas como parte del resultado de las elecciones presidenciales, los antecedentes que condicionan el futuro laboral.
2. Pronóstico 2016 en los indicadores laborales:
a. Salarios - Negociación - Ajustes - Aumentos previstos.
b. Empleo - Desempleo - Subempleo.
c. Canasta familiar (evolución) - Salario Mínimo, Vital y Móvil (evolución).
d. Tendencias y Proyecciones
3. La estructura sindical. Los controles. Las corrientes internas. La unificación parcial. Los posibles conflictos . Las distintas tendencias, los convenios colectivos y los acuerdos del aumento salarial.
4. Las relaciones tripartitas entre el Gobierno Nacional, el empresariado y los sindicatos en el contexto del plan económico y social de gobierno.
5. Información necesaria para resolver el presupuesto del costo laboral y salarial del año 2016.
6. Productividad, competitividad, ausentismo, servicios y conflictos proyectados sobre las actividades, industrias o servicios en proceso de reconversión.
7. Las posibles situaciones de crisis, sus causas, proceso de cambio, y medios alternativos de solución.
8. Nuevos escenarios de la relaciones laborales en el contexto social - político y sindical. Reformas y cambios en la política social y laboral. Consecuencias.

Durante la videoconferencia podrán realizarse consultas al correo:consultas@dediego.com.ar

Una vez finalizado el evento, se enviará por correo electrónico, en formato digital (PDF), el material, las preguntas y el certificado de asistencia.

Informes e Inscripción:
Telefónicamente al 4121-1100 Sra. Verónica Ugartemendia / Sra. Laura Meza o por mail a conferencias@dediego.com.ar

Saludos,
DRP

SALUD MENTAL Y BIOÉTICA - SEMINARIO EN DERECHO

Estimad@s colegas,

Buen día.

Compartimos con Uds., información sobre el Seminario de Investigación en Bioética, en este caso la temática "La salud mental y la bioética".

El Jueves 26 de noviembre de 2015 a las 17 hs. en el Aula 369 de Posgrado, Facultad de Derecho (UBA), se llevará a cabo la 11º Jornada del ciclo de conferencias año 2015.

Expositores:
Impacto de la nueva ley de salud mental en los hospitales monovalentes.
Dr. Julio Dunogent
Director del Hospital Interzonal "Dr. Domingo Cabred"
Ley de salud mental: nuevos paradigmas.
Jorge C. Berbere Delgado
Patologización psciquiátrica de la infancia.
Pablo Vadori

Moderadora:
Noemí Goldsztern de Rempel

Organiza el Seminario de Investigación en Bioética (Directora: Noemí G. Rempel | Subdirector:Jorge C. Berbere Delgado | Coordinador: Pablo Vadori)

Entrada libre y gratuita

RESPONSABILIDAD DEL ESTADO - ORGANIZA AADC

Asociación Argentina de Derecho Constitucional

Comisión de Derecho Procesal Constitucional (Dra. María Sofía Sagüés, coord.)

Comisión de Derecho Constitucional y Derecho Administrativo (Dra. Estela B. Sacristán, coord.)

Jornada de “Responsabilidad del Estado”

2 de diciembre de 2015 – Buenos Aires - Argentina


PROGRAMA

De 14 a 15 hs.: Inscripciones

De 15hs. a 15.30hs.: Exposiciones de apertura
- CASSAGNE, Juan Carlos: "Reflexiones sobre la Ley de Responsabilidad del Estado"
- SAGÜÉS, Néstor P.: "El derecho constitucional y el deber de responsabilidad y de reparación. Pautas generales"

De 15.30 a 16.30hs.:
- GARCÍA LEMA, Alberto: "La responsabilidad del Estado y el nuevo Código Civil y Comercial"
- PALAZZO, Eugenio: « Los roles de la Abogacía Estatal ante la responsabilidad del Estado»
- LOSA, Néstor: « República, responsabilidad e impunidad»
- GUTIÉRREZ COLANTUONO, Pablo: «Sinergias convencionales y constitucionales en materia de responsabilidad del Estado»

De 16.30 a 17.30 hs:
- GALLEGOS FEDRIANI, Pablo: "El sujeto (art. 1, L. 26944), el valor del bien (art. 5, L. 26944) y el art 12 de LNPA"
- FACIO, Rodolfo: "Caducidad y prescripción en materia de responsabilidad del Estado"
- GILARDI MADARIAGA DE NEGRE, Cecilia: "Responsabilidad objetiva del Estado. Prejudicialidad"
- BELISLE, José Manuel (h.): "Responsabilidad del Estado en el Derecho público provincial, a propósito de la L. 26944 y el nuevo Código"

De 18 a 19hs.:
- BARON KNOLL, Silvina: "Fundamentos constitucionales de la responsabilidad del Estado"
- PALACIOS, Mariano: "Artículo 6 de la ley de responsabilidad estatal. Concesionarios o contratistas de los servicios públicos"
- DÍAZ ACOSTA, Daniela: "Responsabilidad del Estado municipal o local"
- MUÑOZ, Ricardo (h.): "Prohibición de aplicación de astreintes en contra  del Estado: análisis crítico"
- ASCÁRATE, Andrés: "La aplicación de la L. 26944 a las causas en trámite"

Exposición de cierre: 
19hs.: BIANCHI, Alberto B.: "La ley de responsabilidad del Estado y la seguridad jurídica en Argentina"

PONENCIAS: Se aceptarán ponencias sobre el tema de la Jornada, exclusivamente, hasta el 01/12/2015.


AUSPICIANTES:

• FECIC – Fundación para la Educación, la Ciencia y la Cultura
• PGCBA – Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires
• ECAE – Escuela  del Cuerpo de Abogados del Estado
• Asociación Argentina de Derecho Procesal
• Centro de Estudios de Derecho Procesal Constitucional – UCA sede Rosario
• CGPyR – Centro de Estudios sobre Gestión Pública y Responsabilidad
• RADEHM – Revista Argentina de Derecho de la Energía, Hidrocarburos y Minería

LUGAR: FECIC, Moreno 431, planta baja, Ciudad de Buenos Aires, Argentina

FECHA: 2 de diciembre de 2015

ORGANIZAN:
Comisión de Derecho Procesal Constitucional y Comisión de Derecho Constitucional y Derecho Administrativo de la Asociación 
Argentina de Derecho Constitucional

www.comisiondprc-aadc.blogspot.com.ar - www.comisiondcda.wordpress.com

INSCRIPCIONES Y RECEPCIÓN DE PONENCIAS: sólo por email en comisiondprc.aadc@gmail.com.
Se otorgarán certificados de asistencia. Se ruega puntual asistencia.


Saludos,
Damián R. Pizarro

CONSEJO CONSTITUCIONAL FRANCÉS - COMPOSICIÓN, PROCEDIMIENTO Y ORGANIZACIÓN

Estimad@s colegas,

Buen día.

Compartimos información sobre la composición, procedimiento y organización del CONSEJO CONSTITUCIONAL FRANCÉS (Info oficial).

El Consejo constitucional ha sido creado por la Constitución de la V República, fechada el 4 de octubre de 1958. Es una jurisdicción dotada de diversas competencias, especialmente de control de conformidad de la ley con la Constitución. El Consejo Constitucional no es un Tribunal Supremo situado por encima del Consejo de Estado y del Tribunal de Casación.

I – COMPOSICIÓN, PROCEDIMIENTO Y ORGANIZACIÓN

1 – Composición

El Consejo constitucional se compone de nueve miembros nombrados para un mandato de nueve años. Los miembros son designados por el Presidente de la República y el presidente de cada una de las asambleas del Parlamento (Senado y Asamblea nacional). Desde la revisión constitucional de 23 de julio de 2008, el procedimiento de nombramiento prevé la intervención mediante dictamen, según modalidades variables en función de la autoridad de nombramiento, de la comisión de leyes constitucionales de cada asamblea. Por un voto por mayoría de tres quintos, puede vetarse el nombramiento del candidato presentado por la autoridad de nombramiento.

El Consejo se renueva por tercios cada tres años. El Presidente de la República y el presidente de cada una de las Asamblea nombran, cada uno, un miembro del Consejo cada tres años. El mandato de los consejeros no es renovable. Sin embargo, en caso de nombramiento en sustitución de un miembro que haya dimitido o que se vea impedido para concluir su mandato, y a la expiración de éste, el Consejero que lo reemplaza puede ser nombrado seguidamente por nueve años, si ha ocupado estas funciones de reemplazo durante menos de tres años.

Los consejeros nombrados prestan juramento ante el Presidente de la República.

Los Presidentes eméritos de la República son miembros natos del Consejo constitucional.

Nombrado por el Presidente de la República, el Presidente del Consejo constitucional es elegido de entre sus miembros.

Ninguna cualificación de edad o de profesión se requiere para poder ser miembro del Consejo constitucional. La función es sin embargo incompatible con la de ser miembro del Gobierno o del Consejo económico, social y medioambiental, así que con la del Defensor de los derechos. Es igualmente incompatible con el ejercicio de cualquier mandato electoral. Los miembros se ven además sometidos a las mismas incompatibilidades profesionales que los parlamentarios. Un Presidente emérito de la República, miembro de derecho, no puede sentarse en el Consejo si ocupa una función incompatible con la propia de los miembros de este último. Además, durante la duración de sus funciones, los miembros del Consejo no pueden ser nombrados para desempeñar un empleo público ni promocionar por designación si son funcionarios.

Los miembros nombrados pueden elegir cesar de sus funciones. Pueden también ser declarados dimisionarios de oficio en caso de incompatibilidad o de incapacidad física permanente constatada por el Consejo constitucional.

2 – Procedimiento

El Consejo constitucional es una jurisdicción cuyas audiencias y sesiones siguen el ritmo de las demandas que se le presentan.

Cuando se recurre la constitucionalidad de una ley antes de su promulgación, el Consejo debe resolver en el plazo de un mes o de ocho días, en caso de urgencia.

Cuando se recurre una cuestión prioritaria de constitucionalidad, el Consejo dispone de tres meses para emitir su decisión. Durante este plazo, las partes pueden presentar contradictoriamente sus alegaciones.

El Consejo únicamente se reúne y juzga en formación plenaria. Sus decisiones y dictámenes son evacuados al menos por siete consejeros (regla de quorum). En caso de empate, cuenta el presidente con voto de calidad. No hay posible voto particular. Los debates y las deliberaciones, así como los votos, no son públicos.

La instrucción de los asuntos se confía a un miembro del Consejo designado como ponente por el presidente salvo en materia de contencioso electoral. Para este proceso, la instrucción se confía a una de las tres secciones compuestas de tres miembros designadas mediante sorteo, debiendo haber sido nombrado cada uno de ellos por una autoridad diferente.

El procedimiento es escrito y contradictorio. En materia de contencioso electoral, las partes pueden requerir ser oídos y, en el procedimiento de la cuestión prioritaria de constitucionalidad, se celebra una audiencia pública.

3 – Organización

Un secretario general, nombrado por decreto del Presidente de la República, dirige los cuatro servicios del Consejo:

un servicio jurídico compuesto de un magistrado del orden judicial, de un magistrado del orden administrativo, de un administrador de la Asamblea nacional y de profesores titulares de universidad. La secretaria se vincula con el servicio jurídico.

un servicio de documentación vinculado con los trabajos de investigaciones jurídicas;

un servicio administrativo y financiero encargado de la gestión del Consejo;

un servicio de relaciones exteriores encargado de las publicaciones del Consejo, de sus relaciones con todas las jurisdicciones, universidades e instituciones francesas así como de las relaciones internacionales.

El Consejo constitucional disfruta de autonomía financiera; su presidente fija el presupuesto cuya dotación se inscribe en el proyecto de ley de presupuestos bajo el epígrafe del concepto “Poderes públicos”.

II – COMPETENCIAS

La competencia del Consejo Constitucional, delimitada por la Constitución, es concretada y completada mediante leyes orgánicas. Las atribuciones que le confían estos textos pueden clasificarse en dos categorías:

1 – Una competencia jurisdiccional que comprende dos contenciosos distintos

a) Un contencioso normativo

- Juez de la constitucionalidad de las leyes, el Consejo constitucional ejerce tanto un control a priori, como un control a posteriori.

Control a priori :

El Consejo Constitucional es obligatoriamente consultado en relación con las leyes orgánicas y los reglamentos de las asambleas parlamentarias, antes de la promulgación de las primeras y de la entrada en vigor de los segundos. Puede ser requerido sobre un instrumento internacional antes de su ratificación o de su aprobación. En relación con las leyes ordinarias, el Consejo puede ser requerido sobre una Ley antes de su promulgación. En estos dos últimos casos descritos, el Consejo es requerido, según modalidades variables según el acto controlado, sea por una autoridad política (Presidente de la República, Primer ministro, presidente de la Asamblea nacional o del Senado), sea por 60 diputados o 60 senadores como mínimo.

Desde 1999, el Consejo constitucional puede igualmente examinar la conformidad de las leyes locales adoptadas por el Congreso de Nueva Caledonia con la Constitución.

Control a posteriori :

Desde el 1 de marzo de 2010 y tras la revisión constitucional de 23 de julio de 2008, el Consejo constitucional, por reenvío del Consejo de Estado o del Tribunal de casación, controla si una disposición que ya es aplicable atenta contra los derechos y las libertades asegurados por la Constitución. En este caso, un recurrente está en el origen del control de constitucionalidad ejercido, puesto que la cuestión realizada ha sido planteada con ocasión de una instancia en curso ante una jurisdicción. Se parla de cuestión prioritaria de constitucionalidad (QPC).

- Juez del reparto de competencias entre la ley y el reglamento, el Consejo constitucional puede ser requerido, sea durante la discusión parlamentaria por el presidente de la cámara afectada o el Primer ministro, sea a posteriori por este último para desclasificar una disposición legislativa; es decir, modificar por decreto tal disposición cuyo contenido es de naturaleza reglamentaria.

- Desde la revisión de 23 de julio de 2008, el Consejo constitucional puede ser llevado a verificar si las condiciones de presentación de los proyectos de ley responden a las condiciones fijadas por una ley orgánica (ley orgánica nº 2009-403, de 15 de abril).

- Finalmente, el Consejo constitucional es juez del reparto de competencias entre el Estado y ciertas colectividades de ultramar (a día de hoy: Polinesia francesa, Saint-Barthélemy y Saint-Martin).

b) Un contencioso electoral y sobre el referéndum

El Consejo constitucional vela por la regularidad de la elección del Presidente de la República y de las operaciones de referéndum, del que proclama los resultados. Es juez de la regularidad de la elección de los parlamentarios, incluida de su elegibilidad; interviene igualmente cuando un parlamentario se encuentra, o es susceptible de encontrarse, en un caso de incompatibilidad.

Largamente abiertas a los electores, las demandas del Consejo en materia electoral han visto aumentar considerablemente su número a raíz del voto de la legislación que organiza y controla la financiación de los gastos electorales dado que el Consejo es juez para los candidatos a las elecciones legislativas y presidencial (en apelación). Así, a fecha 4 de octubre de 2012, el Consejo había dictado 2871 decisiones en materia electoral frente a 889 decisiones sobre el contencioso de normas (de ellas 650 DC).

2 – Una competencia consultiva

El Consejo constitucional emite un dictamen cuando es consultado por el jefe de Estado sobre la aplicación del artículo 16 de la Constitución y posteriormente sobre las decisiones adoptadas en esta materia. Verifica si las condiciones de aplicación concurren sea a instancia de un presidente de asamblea o 60 diputados o 60 senadores después de 30 días, sea de pleno derecho después de 60 días y en cualquier momento más allá de este plazo.

Por otra parte, el Gobierno consulta al Consejo sobre textos relativos a la organización del escrutinio para la elección del Presidente de la República y el referéndum. El Consejo formula igualmente observaciones sobre las elecciones parlamentarias y presidencial celebradas así como sobre los siguientes comicios electorales, a fin de proponer a los poderes públicos todas las medidas susceptibles de mejorar el desarrollo de estas elecciones.

III – NATURALEZA Y EFECTOS DE LAS DECISIONES

Todas las decisiones son adoptadas de la misma forma, que comprende:

las referencias de los textos aplicables y los elementos del procedimiento,

los motivos presentados mediante considerandos que analizan los argumentos invocados, indicando los principios aplicables y respondiendo a la demanda,

un fallo final dividido en artículos que enuncian la solución adoptada

1 – Tipos de decisiones

Los diferentes tipos de decisiones son identificadas por las letras situadas después del número de registro de la demanda, que sucede al año de registro de la demanda. Se distingue especialmente:

las decisiones relativas al control de constitucionalidad a priori que son clasificadas DC (decisión de conformidad) o LP para las leyes del país de Nueva Caledonia;

las decisiones relativas a la cuestiones prioritarias de constitucionalidad que son clasificadas QPC ;

las decisiones que llevan las letras L (desclasificación legislativa) y FNR (fin de inadmisión) relativas al control del reparto de competencias entre los poderes legislativo y reglamentario;

las decisiones LOM que versan sobre el reparto de competencias entre el Estado y las colectividades de ultramar;

las decisiones vinculadas con el contencioso electoral de las elecciones parlamentarias que son clasificadas AN (Asamblea nacional) o SEN (Senado), y para las que se mencionan las referencias de la circunscripción o del departamento;

las decisiones sobre el régimen de incompatibilidades de los miembros del Parlamento (clasificadas I) y la pérdida de su mandato a raíz de una inelegibilidad (anotadas D).

las decisiones vinculadas con la elección del Presidente de la República (anotadas PDR).

2 – Efectos jurídicos de las decisiones

Las decisiones se imponen a los poderes públicos y a todas las autoridades administrativas y jurisdiccionales. No son susceptibles de recurso alguno. La autoridad de cosa juzgada no se vincula únicamente al fallo, sino también a los motivos que son su sustento necesario. En materia electoral, como para las cuestiones prioritarias de constitucionalidad, el Consejo constitucional admite sin embargo los recursos en rectificación de error material.

Las decisiones de conformidad (DC) que conciernen a las leyes orgánicas u ordinarias pueden conducir a la censura total o parcial de la ley, pero no a su anulación porque son pronunciadas antes de su promulgación, acto jurídico que asegura su aplicación.

Las disposiciones declaradas inconstitucionales de un reglamento de una asamblea parlamentario no pueden ser aplicadas.

Si el Consejo constitucional estima que un acuerdo internacional contiene una cláusula contraria a la Constitución, la autorización de ratificarlo o aprobar este acuerdo internacional solamente puede producirse después de la revisión de la Constitución.

Cuando, requerido de una QPC, el Consejo constitucional declara una disposición inconstitucional, esta última es derogada a partir de la publicación de la decisión o de una fecha posterior por él fijada. El Consejo puede determinar, en aplicación del artículo 62 de la Constitución, las condiciones y límites en las que los efectos que la disposición inconstitucional ha producido pueden ser impugnados.

El efecto de las decisiones en materia de contencioso electoral varia, yendo desde la anulación de papeletas a la de operaciones electorales concretas, y puede comportar la declaración de inelegibilidad de un candidato y/o la dimisión de oficio de un elegido.

3 – Publicación

Las decisiones son notificadas a las partes y publicadas en el Diario Oficial de la República Francesa (serie “Leyes y Decretos”), con, para las decisiones DC, el texto del recurso parlamentario (desde 1983) y las alegaciones del Gobierno (desde 1995).

Una recopilación anual de decisiones se publica bajo el alto patrocinio del Consejo. Incluye el texto integral de las decisiones (no de los dictámenes) pero también, especialmente, una tabla analítica traducida al inglés desde 1990.

El Consejo constitucional publica además desde 1996 la revista trimestral “Los nuevos Cuadernos del Consejo Constitucional” (antiguamente, “Cuadernos del Consejo constitucional”, semestral).

Finalmente, el conjunto de las decisiones dictadas desde el origen está disponible sobre el sitio web del Consejo constitucional (www.conseil-constitutionnel.fr), y algunas decisiones se acompañan de un comentario redactado por su servicio jurídico.

CONCLUSIÓN

Desde 2010, el Consejo constitucional dicta anualmente de dos a tres veces más decisiones que antes de la reforma de la QPC y mucho más que antes de la apertura del recurso a los parlamentarios en 1974. El formidable desarrollo de la jurisprudencia constitucional resulta esencialmente de la conjunción de dos elementos:

JURISPRUDENCIAL primero, puesto que, por su decisión de 16 de julio de 1971 “Libertad de asociación”, el Consejo constitucional reconoce sin ambages que la Declaración de los derechos del hombre y del ciudadano de 26 de agosto de 1789 y el preámbulo de la Constitución de 1946, a los que se remite el preámbulo de la Constitución de 1958, forman parte de las normas constitucionales de referencia y pueden ser así invocadas en el marco del control de constitucionalidad. Este avance jurisprudencial mayor consagra el papel del Consejo como garante de los derechos y de las libertades.

INSTITUCIONAL a continuación, porque son adoptadas al menos dos revisiones constitucionales determinantes para el Consejo: en 1978, se confiere a una minoría de parlamentarios (60 diputados o 60 senadores) el derecho de recurrir una ley ordinaria, derecho hasta entonces reservado al Presidente de la República, al Primer ministro y al presidente de cada asamblea parlamentaria; en 2008, el procedimiento de la cuestión prioritaria de constitucionalidad ha permitido a cualquier justiciable, en el marco de una instancia planteada ante una jurisdicción, hacer valer que la ley que se le quiere aplicar es contraria a los derechos y las libertades asegurados por la Constitución. El Consejo constitucional puede ser requerido desde entonces bajo reenvío del Tribunal de casación o del Consejo de Estado.

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